Hace unas semanas hablábamos en el programa sobre este nuevo proyecto de ley cada vez más próximo a convertirse en una realidad. Con la ley antidescargas se pretende acabar con las descargas ilegales a través de Internet, concediendo autoridad a la Audiencia Nacional para considerar qué página viola los derechos y tomar las medidas pertinentes (cierre de la misma o bloqueo de acceso a los internautas).
En contra de esta ley antidescargas se crea la Red SOSostenible formada por internautas y otros colectivos que denuncian las posibles irregularidades del proyecto. Tras su correspondiente autorización judicial, han enviado una carta a los jueces exponiendo sus razones para oponerse; entre ellas:
-La consecuente “separación de poderes y las competencias que actualmente tiene constitucionalmente asumidas el Poder Judicial, cuyos integrantes suponen los más inmediatos garantes de nuestros derechos constitucionales”.
-El poder judicial, “con la excusa de la propiedad intelectual”, atribuiría a un órgano administrativo “la facultad de interpretar las disposiciones de la Ley de Propiedad Intelectual, en cuanto a sus infracciones, al margen del criterio judicial y decretar la interrupción de servicios de la sociedad de la información”.
-“Los conflictos en materia de propiedad intelectual, han de ser resueltos ante la Jurisdicción Civil/Mercantil o, en los casos graves, ante la Jurisdicción Penal, pero no ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa”.
-El procedimiento previsto en el anteproyecto “no reúne las debidas garantías, al privarse al Poder Judicial de la posibilidad de sopesar adecuadamente si concurren los elementos necesarios para suspender cautelarmente un derecho fundamental como es la Libertad de Expresión."
Sin embargo, hay quienes creen que el proyecto de ley antidescargas no sólo es necesario, sino insuficiente, puesto que deja “impunes” a los usuarios que realizan las descargas. A la SGAE se sumaron los artistas y los grandes sellos discográficos; ahora llegan las pequeñas discográficas demandando a la Administración por los daños patrimoniales que las descargas ilegales les producen al no ser perseguidas.
Una medida que para unos se excede y para otros no llega a lo necesario. Esto explica la problemática suscitada entorno al proyecto de ley. Tal es la situación que dentro del propio Congreso varios grupos han exigido su retirada (Partido Nacionalista Vasco, Partido Popular, Convergència i Unió, Esquerra Republicana - Iniciativa per Catualunya Verds - Izquierda Unida y el Grupo Mixto).
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